La orden apenas llevaba unas horas de haber sido impartida y ya comenzaba a sentirse en las calles del país.
El pasado lunes 24 de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió acelerar los procedimientos de salida del territorio nacional para migrantes en situación irregular y extranjeros señalados de presuntas conductas al margen de la ley, y los primeros operativos no tardaron en aparecer.
En Bogotá y Bucaramanga, funcionarios de Migración Colombia, en coordinación con autoridades judiciales venezolanas, adelantaron los procedimientos que marcarían las primeras expulsiones administrativas tras la directriz presidencial.
En la capital del país, seis ciudadanos venezol4nos fueron trasladados luego de ser señalados de un presunto hurto en una droguería del barrio 7 de Agosto, mientras las autoridades indicaron que, al parecer, hacían parte de un grupo dedicado a afectar establecimientos comerciales.
La segunda escena se registró en Bucaramanga, donde cuatro ciudadanos venezol4nos fueron conducidos hasta la zona fronteriza de Norte de Santander, luego de ser relacionados por las autoridades con diferentes hechos que están siendo materia de investigación.
Así, en cuestión de horas, la instrucción del mandatario comenzó a tomar forma con operativos que, según se informó, corresponden a procesos de expulsión administrativa y no a un procedimiento formal de extradición.